Una reflexión a 49 años del legado de la Dictadura Militar del 76
Este 24 de Marzo del 2025 nos parece importante reflexionar acerca del legado de la dictadura militar con respecto a un tema muy importante socialmente como el de los residuos sólidos urbanos. Ya que estos no son solo un problema de una ciudad desordenada, sucia con olor a pis y con cirujas que exigen resoluciones técnicas como tachos anti vandálicos sino que es un problema fundamentalmente político.
Esto quedó claramente evidenciado durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), cuando en 1979 el intendente de facto Osvaldo Cacciatore decidió privatizar la recolección de residuos entregándola a consorcios privados liderados por poderosos grupos económicos como Manliba, controlada por el Grupo SOCMA de la familia Macri. Detrás de la supuesta eficiencia y modernización impulsada por esta decisión se ocultaba una lógica autoritaria y excluyente, que fundaba un legado, que se materializaba en la Ordenanza Municipal N° 33.581 que criminalizaba la recolección informal, expulsando violentamente a los sectores populares (los “cirujas”) que históricamente dependían de los residuos para subsistir.
Este momento histórico fue crucial y fundante para la mala relación que nuestra sociedad mantiene hoy con los residuos sólidos urbanos. ya que a partir de esto se instauró lo que denominamos el “consenso enterrador”: una visión dominante que reduce los residuos a algo destinado únicamente al descarte, al ocultamiento que produce el entierro, favoreciendo a corporaciones, desplazando a los trabajadores y vecinos, instalando al higienismo como una visión obsesiva sobre el orden, limpieza y pulcritud urbana como cuestión política.
De esta manera la dictadura transfería este problema complejo a intereses privados y corporativos que aprovecharon la situación para enriquecerse con fondos públicos sin considerar soluciones sostenibles desde lo social y ecológico.
Además, esta política represiva arraigó viejos y generó nuevos prejuicios persistentes tanto sobre los residuos como sobre quienes trabajan con ellos. Al criminalizar y marginar sistemáticamente a los recuperadores urbanos, se instaló una mirada estigmatizadora que asocia injustamente su labor con lo ilegal, sucio y marginal, dificultando hasta hoy el reconocimiento digno y pleno de estos trabajadores.
Este fenómeno estigmatizador que liga a los residuos con lo sucio y criminal, más la lógica de entregar el problema a las corporaciones económicas genera un proceso de alejamiento, miedo y desinterés por parte de la sociedad logrando así que paresca natural un legado arraigado en los más oscuros y despreciables de la burguesía nacional.
A pesar de este legado, los sectores populares resistieron con ingenio y dignidad, construyendo lentamente una alternativa efectiva y ecológica que luego de 22 años en el 2002, obtuvo su primer reconocimiento institucional mediante la Ley 992, sacándose el yugo que habían puesto los militares. Esta ley, fruto de una larga lucha, marcó el inicio de un cambio histórico, reconociendo oficialmente la importancia social, económica y ambiental del reciclado popular y garantizando políticas públicas específicas para este sector de los residuos urbanos.
Desde entonces, los Recuperadores Urbanos demostraron claramente que su modelo no solo es viable, ya que evita miles de toneladas sean enterradas, sino que también se abrió un proceso en que muchas industrias reutilizan lo recolectado, así como comenzó un proceso de cambio en la conciencia social donde los distintos sectores comenzaron a clasificar sus residuos. Cuestionando al esquema privatizador y enterrador que no repara en sus consecuencias.
En el contexto actual, en el que resurgen amenazas privatizadoras que buscan convertir todo en un negocio, se vuelve imprescindible defender y expandir experiencias de autogestión popular como las cooperativas de reciclado. La Ley 992 señala claramente el camino convirtiéndose en un nuevo legado pero esta vez popular y democrático: revocar leyes injustas, armar leyes nuevas como la Ley de envases, dignificar y reconocer el trabajo reciclador, proteger el ambiente y promover una economía circular y solidaria. Frente a los desafíos presentes, tenemos la obligación histórica de proteger estos logros colectivos, ya que ofrecen respuestas políticas, sociales y ecológicas fundamentales para abordar integralmente el desafío de los residuos sólidos urbanos.
Alejandro Gianni
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