La Ley de Envases es clave para frenar la contaminación, garantizar justicia ambiental y reconocer a los recicladores. ¿Por qué seguimos demorándola?
Introducción ¿Tiene sentido seguir insistiendo en una Ley de Envases? Creemos que sí. Porque insistir es una forma de resistir. Repetir, volver a intentar, sostener una acción a pesar de los obstáculos. Como la propia naturaleza, que persiste en sus ciclos. Como el reciclado, que insiste en transformar lo descartado. Esa insistencia, en este caso, es una urgencia ecológica y una necesidad social.
Insistimos: Argentina necesita una Ley de Envases. No como bandera ideológica, sino como herramienta concreta para ordenar una fracción crítica de los residuos que generamos. Datos alarmantes lo demuestran: cada persona produce 1,4 kg de basura por día, de los cuales el 40% son envases postconsumo. La mayoría termina en rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto, sin recuperarse. Esto no sólo contamina el ambiente, también impone costos económicos y sociales que pagamos entre todos.
Una ley para repartir responsabilidades
El proyecto de ley presentado en junio de 2023 propone que quienes colocan envases en el mercado sean responsables de su gestión ambiental. Esto implica diseñar, implementar y actualizar un Plan de Gestión Ambiental que minimice, reutilice y recicle sus residuos.
Se promueve el ecodiseño y la valorización de materiales. Pero también se cuestiona un modelo productivo que goza de total libertad para contaminar sin asumir consecuencias. Hoy, el costo de tratar los residuos lo pagan los municipios con fondos públicos. Es decir, lo pagamos todos.
El principio de justicia ambiental
Esta ley se basa en un principio clave: la Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Quien genera el envase, debe hacerse cargo de su impacto. Así de simple. Esto implica que las empresas asuman el costo ambiental de sus productos desde el diseño hasta la disposición final.
Integrar el REP al sistema es una manera de introducir justicia ambiental en una economía que externaliza sus daños. Hoy, quienes menos contaminan son quienes más sufren las consecuencias. La REP propone revertir esa ecuación.
Una ley nacional para un problema nacional
Los residuos no conocen fronteras provinciales. Un producto fabricado en una provincia puede ser consumido en otra y descartado en una tercera. Por eso, la ley debe tener alcance nacional, con presupuestos mínimos obligatorios para todo el país.
La regulación local no alcanza. Se necesita una norma federal que garantice un piso común de cumplimiento y permita, a la vez, que provincias o municipios establezcan exigencias superiores si lo desean.
El impacto real de los envases
La contaminación por envases es silenciosa pero devastadora. La mayoría de los envases plásticos no reciclados terminan convertidos en microplásticos que afectan suelos, cursos de agua y cadenas alimenticias. También implican una enorme huella de carbono e hídrica.
La ley debería promover el análisis del ciclo de vida de los productos. El objetivo: avanzar hacia una economía circular real, donde los materiales se mantengan en uso el mayor tiempo posible y se minimicen los residuos.
Tasa ambiental y fiscalización efectiva
Uno de los mecanismos centrales es la creación de una tasa ambiental que pagarán los productores, ajustada según el impacto ambiental de sus envases. Estos fondos financiarán sistemas públicos de recolección diferenciada, infraestructura y fortalecimiento de cooperativas.
Para evitar vacíos legales y maniobras dilatorias, se propone aplicar el principio de “carga invertida de la prueba”: que las empresas deban demostrar que su gestión no daña el ambiente, y no el Estado probar lo contrario.
Recicladores: el eslabón invisible
La inclusión social no es un apéndice técnico: es el corazón de esta ley. Miles de recicladoras y recicladores, organizados en cooperativas, sostienen hoy el sistema de recupero con su trabajo precario y poco reconocido.
Esta ley debe reconocer, formalizar y proteger esa economía popular que ya funciona. No se puede pensar una transición ecológica sin justicia social. La eficiencia ambiental y la inclusión pueden ir de la mano si hay regulaciones claras y recursos adecuados.
También es clave garantizar trazabilidad, mejorar infraestructura en plantas, establecer logística diferenciada y definir el rol de los municipios en la implementación.
Conclusión La Ley de Envases es mucho más que una herramienta ambiental. Es una apuesta por un nuevo contrato social entre producción, consumo y naturaleza. Cuestiona el modelo de “consumo-descarte-entierro” y propone uno basado en el diseño consciente, la recuperación de materiales y la valorización del trabajo popular.
Cada kilo de material reciclado es una victoria contra el extractivismo. Cada envase que vuelve al ciclo productivo es energía ahorrada, árboles no talados, agua no contaminada.
Insistir en esta ley no es un capricho: es una forma de cuidar la casa común. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se siga contaminando gratis?
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