El nuevo pliego propuesto por el macrismo para privatizar el sistema que ahora está en manos de las cooperativas tampoco cumple con la ley vigente, no tiene en cuenta miles de puestos de trabajo, propone privilegiar la quema frente al reciclado y no contempla la inclusión social.
La decisión del gobierno de Jorge Macri de privatizar el sistema de reciclado urbano que funciona desde hace veinte años en la Ciudad, gracias al trabajo de las cooperativas de recicladores y recicladoras, sigue en pie, a pesar de tratarse de una licitación ilegal y que dejaría a 7.000 familias en la calle, entre otras consecuencias nefastas.
Desde el macrismo, se intentó imponer un nuevo pliego y adelantar la discusión sobre la renovación de los pliegos de residuos húmedos, sumándole a la de residuos secos, cuando deberían tratarse en forma separada. Frente a la lucha y movilización presentada por los trabajadores y trabajadoras de las doce cooperativas que hoy en día se ocupan del reciclado porteño, la Jefatura de gobierno propuso un nuevo anteproyecto que perjudica directamente el trabajo de las cooperativas.
Si bien, en el nuevo pliego que se intenta hacer efectivo a partir de 2028 el Gobierno de la Ciudad reconoce a los recicladores urbanos y a las cooperativas, no lo hace en los términos que establece la Ley de Basura Cero (ley 992 vigente) que contempla la inclusión social y tampoco tiene en cuenta a los centros verdes que hacen una tarea igualmente importante en la cadena de reciclado urbano.
Una de las principales diferencias entre los términos de la ley vigente y el nuevo pliego presentado por el gobierno de Macri es la introducción de un sistema de “clusters” que marcan distintas funciones y cláusulas. Entre ellas, reduce la tarea de las cooperativas únicamente a un traslado de materiales, de puerta a puerta y al centro verde, sin siquiera garantizar la exclusividad de esa tarea para los trabajadores y trabajadoras, apartándolos de las etapas de procesamiento y comercialización. Las cooperativas tampoco podrían conservar las zonas que tienen hoy, quedando reducidas a solo dos comunas por cooperativa.
Con este nuevo pliego se intenta imponer una lógica empresarial que exige más trabajo por parte de las cooperativas pero con el riesgo de perder la concesión por supuesta falta de eficiencia frente a las empresas privadas con las que tendrían que competir. Esto resulta ilegal ya que, al querer rediseñar el sistema desde cero, desconoce la preexistencia de las cooperativas, la exclusividad, el impacto ambiental y el rol social de inclusión que cumplen. Tampoco aclara cómo funcionarían la administración, la logística y el sistema autónomo actual de las cooperativas, ni qué pasaría con las fuentes laborales de miles de trabajadores y trabajadoras que hoy integran el sistema.
El nuevo pliego desactiva el incentivo ya que pretende pagarle a cada persona (por sobre las cooperativas) y pone en riesgo el trabajo de operarios y choferes. Finalmente, algo negativo para el medioambiente en el nuevo pliego es que promueve más la quema de residuos que el reciclado, algo que atrasa 20 años, aquí y en cualquier lugar del mundo. Y privilegia el fortalecimiento de empresas que hoy se ocupan de los residuos húmedos frente al trabajo de las cooperativas.
El 5 de octubre es la primera audiencia pública presencial, instancia clave para discutir y defender el trabajo de las cooperativas, efectivo e inclusivo, desde hace dos décadas. Lo que está en juego no es sólo el sistema de reciclado urbano con sus factores ambientales, sino también, una dimensión social del tema ya que pone en peligro el trabajo de miles de recicladores y recicladoras.